Epitafio de Zapatero
Tres meses antes del 15-M, en Febrero de 2011, escribía este artículo (no nato) que con breves adaptaciones lo vuelvo a reproducir aquí. El objetivo era explicar cuál era la agenda neoliberal tras las medidas del gobierno de Zapatero. La llegada de Rajoy, la crisis en Grecia o Italia –con gobiernos tecnócratas y recortes masivos- o la formación en economía crítica a marchas forzadas de grandes sectores de la población tras el 15-M hace menos “marciano” este artículo, cuyo objetivo inicial era hacer entender a cualquier persona por qué Zapatero estaba dando estos pasos y a dónde se dirigía al final. Sirva de memoria del 2010 y 2011 y de epitafio a un presidente que dio vía libre al modelo neoliberal en este Estado, renunciando a su programa. Además, publico este artículo en un día en el que Rajoy ha anunciado su primera ola de recortes, en realidad la continuación del “trabajo sucio” empezado por el leonés. Incluyo notas de actualizaciones en la línea aquí comentada (asusta, de hecho). Así, este artículo pretende vincular los viejos y nuevos recortes.
(I) Un cadáver político
Zapatero es ya un cadáver político, como expresaba Durán i Lleida hace unos meses. Se irá con la etiqueta de haber sido el peor presidente de la historia de la democracia, aunque, cierto es, con el alivio de no haber participado en una guerra ilegal que ha causado cientos de miles de muertos. Sin embargo, su progresiva pérdida de valores (“hay que hacer un balance entre los valores y los intereses en el conflicto del Sáhara”) y de principios guía sociales, políticos y económicos se ha desarollado a marchas forzadas. La historia dirá de él que ha desarrollado leyes que ampliaban o creaban derechos ciudadanos a una importante parte de la ciudadanía (ley de dependencia, matrimonios homosexuales, ley de igualdad…), que ha defendido una visión pionera del Estado (federalista, pluri-identitaria, con creciente autogobierno de los territorios), de los valores universales (alianza de civilizaciones), o que dio algunas respuestas social-demócratas y keynesianas en la primera fase de la crisis. En positivo, su mandato se atribuirá el final de ETA, consecuencia de la incomprensión en la sociedad vasca ante el rechazo en la T4 de la negociación impulsada por Zapatero –y ante la presión de buena parte de la prensa española y de los aparatos del Estado.
No obstante, lo que de verdad transcenderá será su renuncia progresiva a todo aquello que pudo enamorar de ese primer Zapatero. Ante las presiones de la caverna conservadora, liquidó el Ministerio de Igualdad, mejoró sus relaciones con la Iglesia, o descafeinó la Ley de Memoria Histórica. Frente a la España centralista, dio la patada a Maragall, liquidó el Estatut y el Estado plurinacional y con él al PSC catalán. Más allá, se unió al PP en Navarra y Euskadi. Ante los valores universales, antepuso los intereses económicos con Marruecos, movilizó tropas en Afganistán o limitó la apuesta contra el cambio climático. Ante el apoyo a la compra de vivienda y a los desempleados, rechazo las propuestas para evitar deshaucios y finiquitó las ayudas a desempleados de larga duración. Más allá, se ha convertido en el primer presidente de un Estado democrático, tras Reagan, que ha aplicado el Estado de alarma para obligar militarmente a trabajar a un colectivo laboral. Y, su reforma de las pensiones (con el beneplácito de los sindicatos), hizo lo que el PP nunca se hubiera atrevido a hacer, extender la edad mínima de jubilación para la práctica totalidad de las próximas generaciones y precarizar, en la práctica, el conjunto de las pensiones futuras.
Pero, lo que es más grave, ante la crisis, y tras financiar a los bancos, admitió, en el Debate sobre el Estado del Reino de 2010, que guiaría su política no por su programa electoral sino por las propuestas de los mercados financieros que, vía deuda del Estado, iban a controlar las políticas sociales y económicas del Estado. La reunión con los mayores empresarios del Estado, el fin de semana del 27 de Noviembre de 2010, también se saldó con nuevas medidas económicas en la línea de las demandas que estos hacían.
Su renuncia a su autonomía como Presidente del Gobierno, ante la llamada de Obama, el BCE, Merkel y el FMI, pone los pelos de punta. Más allá, siguiendo las propuestas de los que le controlaban (vía deuda pública), comenzó, en el último año, a desarrollar la agenda clásica del Fondo Monetario Internacional (FMI). Dejó de lado las soluciones históricas social-demócratas y se puso manos a la obra con ella. Pero, ¿cuál es la agenda clásica del FMI? ¿Existe algo fijado de antemano o son soluciones contextuales adaptadas a los países?
(II) La agenda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo
Las políticas del FMI se basan en el paradigma neoliberal de que fortaleciendo ciertas condiciones del mercado y reduciendo al Estado a una mínima expresión, se incrementa el crecimiento económico, la situación de las empresas e inversores y, a la postre, la situación social del país (menor tasa de desempleo). Así, siempre, y en todas las circunstancias, se llevan a cabo las siguientes medidas:
- Apoyo público –económico- a grandes empresas y entidades financieras en crisis económica. La primera medida que el FMI y el BCE sugieren implementar es asegurar la estabilidad del sector financiero, así como de otros sectores estratégicos claves para el país. Idealmente, para ello, los Gobiernos deberían de aprobar ayudas multimillonarias a estos sectores, asegurar su liquidez, proporcionar préstamos por debajo del precio de mercado y asumir los riesgos económicos de estos sectores. A veces implica el comprar acciones de empresas (nacionalizar) en el momento de crisis y volverlas a vender cuando se recuperan (cuando empiezan a dar beneficios), o asegurar desde el Estado los créditos de las inversiones privadas (como en Irlanda o anteriormente en la crisis del Sudeste asiático hace una década). En el Estado español se plasmó con millonarias ayudas a bancos, cajas de ahorros y sectores como el del automóvil. El Plan Ordenado de Reestructuración Bancaria superó los 10.000 millones de euros en préstamos a entidades financieras. Pero, ¿cómo puede el Estado prestar dinero a los bancos a un determinado interés y luego pedir prestado a otros bancos a un interés superior? El negocio del siglo, vamos. Sólo que los segundos prestamistas no sólo imponen plazos e intereses de devolución sino que incluyen claúsulas políticas y económicas sobre cuál ha de ser la estrategia económica de los países. Teóricamente, esto serviría para estabilizar el sector financiero e industrial, permitiendo una recuperación económica posterior. Sin embargo, el Estado amplía su déficit debido a estas iniciativas. Hay que decir que el Gobierno en Islandia, debido a la presión popular, decidió oponerse a esta medida, desarrollada por el gabinete anterior, así como rechazar la devolución del crédito que el Fondo Monetario Internacional les había concedido. En la medida en que los créditos y quiebras eran debidas a una gestión tóxica y especulativa, optó por juzgar a los responsables. Este país no sólo no ha quebrado sino que ha encontrado fórmulas de salir de la crisis sin ceder al chantaje neoliberal. Fecha de implementación: 2008-2009. [Nota: Este asunto sigue estando a la orden del día. Ahora es el Banco Central Europeo el que presta dinero a los bancos al 1% que lo prestan a su vez a los Estados a un interés superior. Básicamente, si el BCE prestara el dinero directamente a los Estados, estos se ahorrarían la ola de recortes que están haciendo y que en realidad sirve para pagar ese diferencial en interés].
(III) Embarrando a las y los trabajadores
Uno de los objetivos centrales del FMI y el BCE es la flexibilización del mercado laboral. Se pretende hacer más fácil contratar y despedir por las empresas y, en general, hacer más rentable para las empresas los trabajadores y menos costoso para los Estados los desempleados. Para ello, se proponen diversas acciones:
- Facilitar el despido (con el objetivo final del despido libre, en esta fase se reducen las indemnizaciones por despido), lo que conlleva, en la práctica, el fin del trabajo fijo (ya que cada vez hay menos diferencias entre despedir a un trabajador temporal o permanente). El despido por “previsión de pérdidas futuras”, incluido en la reforma laboral de Septiembre de 2010, va en esa línea, así como el descenso en el número de días de indemnización. Desde el entorno empresarial se argumenta que hay que ajustar el número de trabajadores a los rápidos cambios en la demanda de la producción o de servicios. Por ejemplo, en un restaurante acuden menos clientes debido a la Ley que prohíbe fumar en esos establecimientos. Si el empresario puede despedir fácilmente a unos cuantos de sus camareros, podría ajustar su plantilla a la que requiere el número de clientes actual.
Pero esto causa al menos dos consecuencias negativas. La primera es que carga el riesgo y las pérdidas en el Estado (vía subsidio de desempleo) o en los trabajadores y las empresas deberían de ser copartícipes de los efectos sociales que causan. La carencia de estabilidad en el empleo causa problemas psicológicos y de salud, como múltiples autores han demostrado desde la Epidemiología, la Medicina Laboral y la Psicología. Además, impide el desarrollo de planes de vida (comprar una casa, tener hijos…), lo que a su vez incrementa el malestar psicológico. La segunda consecuencia es que la empresa (especialmente las medianas y grandes empresas, donde no existen tantos lazos humanos entre empleador y empleado y donde hay más políticas de formación) podría no tener incentivos para formar y reciclar a sus trabajadores y preferir despedir a los no-formados mayores y contratar a otros formados más jóvenes. Esto podría provocar un cuello de botella en el mercado laboral donde ciertos sectores quedaran excluidos del mercado laboral. Por supuesto, finalmente hay un argumento de justicia y equidad social y de las aspiraciones de la ciudadanía. ¿Nosotros hemos de controlar el sistema económico para ajustarlo a cómo queremos vivir o es este sistema el que nos controla a nosotros? Obviamente, las sociedades las crean las personas, no los mercados. Y las personas pueden (y han de) marcar las reglas que configuran el modelo de sociedad que prefieran (estabilidad en el empleo, servicios públicos, Estado del bienestar…).
Fecha de implementación: Septiembre 2010. [Nota: Actualmente, está en espera la reforma laboral que, previsiblemente, presentará Rajoy en los próximos meses y que contribuirá a facilitar las condiciones de despido, como ya han anunciado]
- Favorecer una base de trabajadores “flexibles”. Se buscan a trabajadores que se puedan contratar por cortos períodos de tiempo y que, a ser posible, generen la mínima vinculación contractual (evitando derechos a corto –como formación, negociación colectiva- y a largo plazo). El aumento del tiempo máximo en que un becario (= no derechos) puede estar dentro de una empresa (tantas veces 2 años como títulos posea), o la creación de una base de trabajadores temporales y precarizados (mujeres, jóvenes e inmigrantes, principalmente), que se puedan adaptar a las demandas flexibles que sufre una empresa, son algunos ejemplos. Fecha de implementación: Septiembre 2010. [Nota: en Junio de 2010 se modifica la ley que regula la negociación colectiva, a favor de los empresarios, y en Agosto se aprueba la última reforma laboral que amplía hasta los 30 años los contratos de formación y que suspende temporalmente los límites a los contratos temporales]
- Limitación del salario mínimo y limitación de salarios. Aunque la idea final neoliberal sería que estos salarios fueran fijados por el mercado (es decir, que no haya salarios mínimos o que se negocien entre trabajadores y empresarios), las reformas pretenden que se sitúe lo más bajo posible o, en todo caso, que no aumente conforme a suben los precios (lo que es igual a un descenso en la práctica). La base de trabajadores flexibles precarizados recibirá este salario como base (“salario Carrefour”). También se solicita que se liguen a la productividad de las empresas en vez de estar basados en convenios colectivos. En la práctica, esto supone el empobrecimiento de las y los trabajadores, que cobran menos o ven congelado sus sueldos ante un aumento creciente de los precios. Se argumenta que esto de nuevo facilitaría la competitividad de las empresas y las economías estatales. La falacia de esta sentencia se ve con sólo mirar los sueldos y salarios mínimos de los países más ricos de la Unión Europea. Resulta que también tienen los sueldos más altos y sus salarios mínimos triplican el del Estado español. El salario “Tesco” (el Carrefour inglés) está en torno a 10 euros la hora. Y es que a mayores salarios, más consumo y más desarrollo económico. [Nota: El salario mínimo ha vuelto a ser congelado en el primer paquete de reformas de Rajoy, los salarios de los funcionarios se han congelado y las pensiones han subido un 1%. Pero si la inflación es de un 1,8% -es decir, todo será un 1,8% más caro- quiere decir que todos los anteriores serán más pobres el año que viene, porque su sueldo no será suficiente para pagar el incremento de los precios].
- Reducción de las ayudas a los desempleados (políticas pasivas), fomentando las políticas activas del mercado de trabajo. Según el discurso anglosajón, las políticas pasivas (el dinero que los trabajadores reciben cuando están desempleados y que han pagado previamente con sus cotizaciones), desincentivarían la búsqueda de empleo. El trabajador estaría más fácilmente en su casa esperando una oferta que le satisfaciera (en calidad, cantidad, sector y localización geográfica), en vez de buscarla activamente. Esto quitaría dinamismo al mercado de trabajo y aumentaría la tasa de desempleo (aunque los estudios comparativos internacionales de desempleados no muestran claramente un significativo mayor tiempo de búsqueda de empleo de los trabajadores europeos frente a los norteamericanos). Por ello se propone reducir la duración de esas ayudas a la mínima expresión.
En esa línea, las políticas activas, formarían a los trabajadores, reciclarían sus habilidades y les orientarían y facilitarían la inserción en nuevos empleos. Éstas se basan en la idea de mantener la “empleabilidad” y adaptación constante al cambio de los trabajadores. Así, no es tan importante, según la lógica neoliberal, un trabajo para toda la vida, como ser capaz de adaptarte a nuevos trabajos. Aunque estas políticas, fomentadas también por la UE, son positivas en líneas generales, tienen limitada influencia en la creación de nuevos puestos de trabajo. Más grave, permiten la existencia de una bolsa de trabajadorxs excluidos del mercado laboral, sin empleabilidad, a los que las políticas activas dificilmente pueden re-incorporar (parados de larga duración, personas mayores de 50 años…). Para estos, se promueven las rentas básicas o salarios de inclusión social (nada que ver con la renta básica universal, que se dirige a toda la ciudadanía). La creación de una ayuda a desempleados sin prestaciones laborales de 426 euros iba en esa dirección. Su eliminación supone, en definitiva, apostar por las políticas activas frente a las pasivas, permitiendo una bolsa de exclusión social que queda a la deriva y que incrementará la pobreza extrema, deshaucios y conflictividad social en el Estado, como otros artículos han explicado más extensamente. Fecha de implementación: Diciembre 2010. [Nota: Dolores de Cospedal ha eliminado en Diciembre de 2011 el servicio público de empleo derivándolo a la Consejería de Empleo, así que parece que incluso este ámbito que parecía más estable corre peligro. Sobre las ayudas a los desempleados, en principio se mantienen con Rajoy, aunque son previsibles nuevas reformas en esta línea].
- Reformas de los sistemas de pensiones. La reforma de los sistemas de pensiones, explicada en profundidad en otro lugar, va en una doble dirección. Por un lado, privatizar parcialmente su gestión en la medida de lo posible, en la línea que países como Estados Unidos, pero también Alemania, Italia o Francia han emprendido. Estos sistemas son muy jugosos porque 1) suponen billones de euros que los trabajadores abonan, hasta la fecha –y a pesar de los millones de parados- siempre con superávit; 2) permiten una base disponible de dinero que es utilizada en inversiones por los gestores de fondos privados (es decir, que se enriquecen con el dinero recaudado a los trabajadores-futuros pensionistas); 3) se carga el riesgo a los trabajadores (si la empresa de pensiones quiebra, como ha sucedido en USA, los trabajadores pierden sus pensiones). Repito, para el Estado es una mala jugada, porque obtiene beneficios de las cotizaciones de los trabajadores. Para los trabajadores, también, porque incrementan su riesgo de no tener jubilación. Pero para las empresas de pensiones es una jugada maestra: reciben dinero por prestar un servicio y a cambio pueden invertir y especular con las cotizaciones obtenidos, incrementando nuevamente sus beneficios.
La segunda reforma es la que se dirige a aumentar las cotizaciones de los trabajadores (es decir, que paguen más) o reduciendo las pensiones futuras. Esto se hace, en la práctica, o bien aumentando la edad de jubilación (que se trabaje más años) o bien reformando el número de años que sirve para hacer el cálculo de la jubilación. Dado que al principio de la vida laboral, los trabajadores suelen (solían) tener peores trabajos que al final de su carrera (porque vas ascendiendo), cuantos más años incluyas, mayor es la posibilidad de que se haga la media con el sueldo de los trabajos malos que tuviste. De esta forma, la reforma de pensiones aumenta el número de años trabajando (se pagará más) y la base que sirve para hacer la media del sueldo en la jubilación (se cobrará menos). Y lo especialmente grave no será lo primero sino lo segundo, porque reducirá el poder adquisitivo (y de consumo) de los nuevos pensionistas. Fecha de implementación: Enero 2011.
(IV) Estrechando el Estado
Uno de los pilares de la argumentación neo-liberal es la proclama por la reducción del gasto público y del déficit de los Estados. Como machaconamente recuerda el Partido Republicano americano o su Tea Party, el Estado no debe inmiscuirse en los asuntos ciudadanos. Los impuestos –o al menos los impuestos excesivos- serían una intromisión, así como las políticas redistributivas de la renta (que se cobren más impuestos a los más ricos frente a los más pobres y que a través de políticas sociales –o sanidad, educación…- se distribuya parte del dinero de los ricos a las clases medias y bajas) y las del Estado del Bienestar. Sólo determinadas políticas públicas son bendecidas por estos núcleos de opinión: las que defienden la seguridad nacional (el gasto en Defensa) y las que promueven un mejor entorno económico (infraestructuras, obtención de energía, investigación aplicada…). Aunque piden la externalización a contratistas externos de estas áreas. La Unión Europea y sus planes de estabilidad económica han limitado el déficit público de los Estados. Si bien endeudarse no es positivo, lo adecuado sería alternar períodos de ganancia (cuando la economía va bien), con otros de déficit (cuando hay crisis). O lo que deberíamos hacer todos, ahorrar cuando nos va bien, para cuando necesitemos ese dinero. Entre las medidas dirigidas a reducir el gasto público se encuentra las siguientes:
- Reducción de sueldos y empleos y externacionalización de servicios. Aminorar la carga salarial de las Administraciones es una primera media que reduce el endeudamiento de forma rápida y directa. La “cara b” de esta medida es que a menor sueldo, menor consumo (tienes un 5% menos cada mes para ir a cenar, comprar ropa o ir de viaje), lo que perjudica la recuperación económica, desde una perspectiva keynesiana. Reducir empleos en la Administración Pública consigue el mismo efecto. Por ejemplo, el Reino Unido pretende eliminar más de 1 millón de empleos en los próximos años dependientes de la Administración. Esto puede tener 2 consecuencias. Para empezar, las personas que pierden (o dejan de obtener) su trabajo en la Administración, pasan a ser desempleadas, con lo que se reduce el número de personas que pueden consumir en la economía (suponiendo que la economía capitalista se basa en gran parte en la venta de productos de consumo). Esto sucede en áreas que pueden ser suprimibles (p.ej., cargos de confianza políticos) u otros que permiten el empeoramiento del servicio (p.ej., educación y sanidad, a costa de incrementar el número de alumnos por clase o el ratio médico/paciente). Sin embargo, habitualmente esta reducción de empleos se compensa con una contratación externa de servicios que puede ser más costosa (ej: hospitales en Madrid) o barata que los trabajadores anteriores. Cuando es más barata, sin embargo, lo es a costa de alterar las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, un limpiador en un Ayuntamiento se va a la calle (o se jubila). Antes, el viejo trabajador, era fijo y cobraba 1000 euros. Ahora, el nuevo limpiador, será temporal y cobrará 600 euros. O, sustituir un administrativo o un informático (1200 euros) en una Universidad por un becario 300 euros) que haga las mismas funciones. [Nota: Una nueva reducción en esta línea ha sido aprobada en el primer paquete de medidas de Rajoy, que ha situado la tasa de reposición de los empleados públicos que se retiren en 1/10. Es decir, ahora o dejará vacantes esos servicios –por falta de personal- o los externalizará]
- Reducción de inversiones púbicas: Las infraestructuras es de lo primero que se vió afectado por la crisis. Si bien las inversiones públicas tienen que ser de carácter estratégico y no todas las inversiones producen riqueza (Plan E) o son rentables (hay decenas de ejemplos de autovías innecesarias –donde podría hacer una vía rápida, que a la vez permitiera extender la red de carreteras rápidas-), el finalizar con toda la inversión pública provoca desincentivación económica desde el Estado e imposibilita que éste sirva de motor económico para una economía que ya está en crisis.
o Estrechamiento del Estado: En general, se reducen los gastos de todas las áreas, desde los servicios del Estado del bienestar, a ayudas, a financiación de CCAA y Ayuntamientos (ojo: si las CCAA están en deuda, ¿es por excesivo gasto o por insuficiente financiación del Estado). La utopía neoliberal concluye que cuanto más estrecho sea el Estado (excepto en policía y ejército), mejor funcionará la iniciativa privada (pero a costa de enriquecerse comerciando con servicios básicos –educación, sanidad o energía-).
o Privatizaciones: La venta de entidades rentables (o que serían rentables con una buena gestión) a inversores privados a precio de ganga consigue obtener beneficios a corto plazo pero hipotecar el futuro a largo plazo. Es vender el coche para comprar gasolina. Un error porque evita la posibilidad de obtener beneficios con empresas públicas (ningún estudio ha demostrado que una empresa pública per se sea menos eficiente que una privada). Entre los ejemplos, AENA (pero sólo los aeropuertos rentables), Loterías del Estado… al igual que antes Telefónica o Endesa. Pero, queda claro, eso no va a implicar mejoras en precio o calidad. [Nota: si queda algo por vender, se venderá en los próximos meses, siguiendo el ejemplo del expolio griego, que nadie lo dude].
o Privatizaciones encubiertas: Un ejemplo de las privatizaciones encubiertas ha sido el paso de las Cajas de Ahorros de entidades semipúblicas a privadas. Así, se ha eliminado la competencia a los bancos, comiéndose su pastel, eliminando su obra social y erradicando la función social más importante que cumplían las cajas de ahorros, el evitar la exclusión financiera, al mantener oficinas Villacastilla del Monte o cualquier otro pueblo de tamaño muy reducido y, por tanto, poco rentable para los grandes bancos. Por otra parte, este paso de entidades semi-públicas a privadas ha rallado la corrupción, como las indemnizaciones a directivos están demostrando.
(V) El recorte del Estado del Bienestar
La enciclopedia Wikipedia define el Estado del Bienestar como una “propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país”. Entre los servicios que puede facilitar universalmente se encontraría las pensiones, la sanidad, el desempleo, los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos.
Si bien la mayoría de la población apoya estos servicios y a veces parecen rasgos característicos de los propios Estados, la cosa no es tan sencilla. Los Estados del Bienestar no nacen como consecuencia lógica del incremento de la riqueza de las economías liberales de los Estados, sino como una forma de confrontar políticamente el riesgo de propagación del comunismo en Europa tras las primeras décadas del siglo XX. Así, los Estados occidentales en Europa –y especialmente los más cercanos a los países comunistas- desarrollan modelos de bienestar, con la intención de demostrar que era posible combinar economía de mercado y calidad de vida para los trabajadores. Sin embargo, y este aspecto es clave, allí donde no existe esa presión comunista, por ejemplo en Estados Unidos, no se desarrollan Estados del Bienestar.
Por ello no es extraño que importantes núcleos económicos a nivel mundial hayan apoyado el crecimiento de gobiernos socialdemócratas y Estados del bienestar en Sudamérica en la última década (pero no en Europa), como forma de frenar la extensión del socialismo del siglo XXI venezolano. Resumamos, cuando la izquierda transformadora no supone una alternativa real al modelo neoliberal, los Estados del bienestar (públicos y universales) pasan a ser prescindibles.
Muchos creíamos que al construirse un consenso social explicativo de la crisis económica basado en los desmanes neoliberales, especulativos y financieros, ello implicaría una reformulación del propio modelo económico. La paradoja es que las respuestas no han sido más control de la ciudadanía sobre los mercados sino lo contrario. No se ha controlado más la especulación sino que los especuladores han terminado por controlar a los Estados (por primera vez no sólo lo hacen –eso no es nuevo- sino que lo dicen públicamente). Y ello ha provocado que las únicas soluciones llevadas a cabo han sido las que cuestionan los derechos sociales y laborales, así como la autonomía de los propios Gobiernos.
La causa ha sido, claramente, el desconcierto del social-liberalismo (especialmente del alemán y el francés, en crisis y descomposición en la última década, y del inglés y el español) que ha temido implementar desde el poder o la oposición un discurso crítico y transformador hacia las entidades financieras y especulativas. En realidad, nunca han sido críticos con estos poderes desde el afianzamiento de las terceras vías a mediados de los 90 (González, Clinton, Blair, Schröder), que finiquitaba cualquier apuesta por la socialdemocracia, por corregir los males del mercado redistribuyendo sus beneficios y alterando así la sociedad. Como no han tenido discurso en la práctica, sus odas a un vacío “reformular el capitalismo” no han servido de nada.
Por su parte, la izquierda transformadora, de inspiración socialista o socialdemócrata, ha llegado a esta crisis muy débil, tanto por el progresivo alejamiento de sus élites políticas de los movimientos sociales, como por su ineficaz acción internacional, las tensiones entre corrientes o la desactivación a las que les sometieron los gobiernos y partidos social-liberales. Aunque el porcentaje de votos de estos partidos ha crecido en todos los países donde no estaban en coaliciones de gobierno, su debilidad no les permitía encabezar un movimiento transformador de masas.
De esta forma, al no percibirse la izquierda transformadora o incluso social-liberal como una amenaza por los establishment económicos, ha parecido que no había alternativa o que “el socialismo ha muerto”. Por ello, los Estados del bienestar y las medidas creadas para mejorar la calidad de vida de la población han comenzado a ser prescindibles. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no tiene otro modelo (o este modelo no llega a una parte significativa de ésta) al que aferrarse. Sin proyecto de izquierdas, las únicas respuestas son el inmovilismo (no cambiar nada) o el cambio en la línea neoliberal. Pero, ¿qué consecuencias pueden producirse?
- Privatización de la investigación pública. El proyecto neoliberal considera que la Universidad ha de estar ligada a la creación de conocimiento aplicado y aplicable directamente por las empresas. Es decir, han de conectarse los grupos de investigación en las Universidades con organizaciones empresariales, poniendo parte del trabajo de los primeros a disposición de los segundos, a cambio de fondos económicos para investigación. La investigación no estaría basada en las prioridades sociales (mecanismos para reducir la contaminación en un Departamento de Bioquímica, por ejemplo) sino en prioridades empresariales (mejorar la eficiencia en la combustión de un compuesto químico). [Nota: el primer paquete de medidas de Rajoy ha reducido la inversión pública en I+D+I en un 7% -600 millones de euros-, que van a dejar a miles de investigadores/as en desempleo –contando sus ya de por sí precarias condiciones de empleo-. En la práctica, lo que se pretende es sustituir esa financiación por aportaciones privadas –suponiendo que se produzcan- lo que pondrá a los investigadores formados en el sector público a trabajar por los intereses privados, limitando también la investigación más básica, dirigida a desarrollar descubrimientos a medio plazo, pero que no tienen a corto plazo una aplicación comercial]
- Elitización y privatización encubierta de la educación pública: El Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia), adaptaba el modelo de libre mercado y competitividad en que se basa la Unión Europea (su principal pilar, junto a los fondos agrarios y a ciertas instituciones comunes) a la educación superior. Sin embargo, aunque pretende una orientación hacia el mercado de las asignaturas que se imparten –las competencias profesionales-, los Estados tienen autonomía para decidir cómo implementar en la práctica este plan europeo. En cualquier caso, las soluciones comunes han sido un énfasis en la calidad universitaria. Sin embargo, la calidad no se ha logrado por la vía del aumento de la financiación pública (si quisieras comer una carne de mayor calidad, ¿no sería lo más fácil el gastarte más dinero en una carne más cara y buena?), sino por el incremento de la financiación privada. Y este dinero privado proviene de dos fuentes. La primera, las empresas, como antes hemos explicado, que pueden financiar la educación o desarrollar másters en la medida en que se orienten hacia sus intereses.
La segunda, los estudiantes, al incrementar las tasas universitarias. De esta forma, en los últimos años se ha doblado el precio de los Grados (primeros 4 años) y multiplicado varias veces el precio de los Másters (1 o 2 años) y de los Doctorados. A la par, como recoge el periódico Diagonal en un reciente artículo, se han reducido las becas y sustituido éstas progresivamente por préstamos renta; es decir, por préstamos que los estudiantes piden a los bancos para poder estudiar y que devuelven progresivamente tras acabar la carrera y empezar a trabajar. Si estos en un primer momento no tenían intereses y sólo se devolvían si se conseguía un trabajo pagado con más de 22.000 euros al año, ahora ya tienen intereses y se ha eliminado la segunda condición. De esta forma, cada vez es más caro estudiar en la Universidad y no todo el mundo tiene acceso a un Máster (nivel equivalente a los licenciados de antaño). Y aunque podría parecer lógico que el acceso al Máster estuviera limitado exclusivamente por las notas, en realidad no es siempre así. Conforme se encarece el precio de estos, los graduados deben de decidir entre tres opciones: endeudarse para acceder al Máster, pedir dinero a los padres o comenzar a trabajar. Parece claro que la opción segunda es la más sencilla y también que a mayor nivel en la clase social, más facilidad para que ésta sea viable. Por ello se dice que se elitiza la Universidad, porque las clases altas van a tener más facilidad para estudiar los niveles superiores de la educación que las clases medias y bajas.
Pero el problema va más allá. Las recientes reformas llevadas a cabo en el Reino Unido, que han incrementado el precio de los Grados hasta más de 15.000 euros, según la Universidad, van a marcar la agenda de los próximos gobiernos conservadores en Europa. Al incrementar hasta ese nivel el precio de estudiar en la Universidad, bajo el pretexto de aumentar la calidad universitaria (¡como si la igualdad en el acceso –coger a los mejores independientemente de su renta- no fuera un indicador de calidad!), se consigue privatizar la Universidad y eliminar las posibilidades de que las clases medias y bajas pueedan acceder a ésta. La Universidad es un instrumento de movilidad social que hace que entres siendo un hijo de un albañil y puedas salir siendo un ingeniero. Si sólo los hijos de los ingenieros pueden entrar, poco cambio en la sociedad es de esperar. Finalmente, está reforma también es contraproducente, ya que al no coger a los mejores (u obligar a que se hipotequen para estudiar), la productividad y los avances de un país puede verse afectada. Las personas que no llegan a la Universidad, si son más creativas o inteligentes que las que sí que llegan, podrían ser mejores profesionales o desarrollar experimentos novedosos que hicieran avanzar la ciencia o la tecnología. [Nota: Esta precarización ha llegado también al sector educativo en la enseñanza secundaria –recortes en Educación en Madrid- y al profesorado universitario, con las universidades excelentes como la Pompeu Fabra, batiendo records de temporalidad. Para Viejo y Delclós, en la Universidad se oponían dos modelos: “el mando neoliberal” y “la universidad precaria”. Aquí, según los autores, se ha pasado de una masificación de la enseñanza universitaria (LAU/LRU, a partir de 1979), a subordinarla al proyecto neoliberal (Informe Bricall y LOU, Plan Bolonia) y a, con el pretexto de la crisis, blindar el neoliberalismo por medio de la “gobernanza universitaria (elitización del acceso, depreciación del grado, selección clasista de los másteres, etc.)”, dentro de una tensión social creciente que vincula lo que pasa dentro y fuera de la Universidad. En la práctica existe un “fin de las fronteras entre las figuras del trabajo universitario (profesores e investigadores, personal de servicios y estudiantes). Cabría preguntarse ¿qué es, en rigor, un becario que trabaja en una biblioteca mientras realiza su tesina?”. Para los autores, queda demostrado que “la precariedad no es una coyuntura generacional, es el futuro neoliberal”.]
- Privatización de la sanidad: Tras reducir el personal público en la Sanidad o limitar los fondos para este concepto, el siguiente paso es una privatización parcial sanitaria. Al igual que en Madrid se han construido hospitales privados a los que el Gobierno paga una tasa anual por su gestión, similares procedimientos se han aplicado en Europa. El resultado es doble. Se aumenta el gasto sanitario: en Madrid, en 10 años se ha pagado ya más en tasas a estos hospitales privados (y lo que queda) que lo que hubiera costado el construirlos y gestionarlos públicamente. Se empeora la calidad sanitaria: Los fondos para los hospitales públicos se reducen por el reparto, pero los centros privados remiten a los públicos los pacientes más graves. Los públicos tienen menos medios para atenderles que anteriormente. Los privados, tienen mayores tasas de mortalidad, y menores indicadores de calidad, como explica Vincenç Navarro en un artículo en el Diario Público. No obstante, el dogma neoliberal repite incesantemente que la sanidad privada es mejor que la pública. No es así (sólo hace falta comparar los indicadores de salud en Estados Unidos y en Europa), es más cara y tiene peor calidad. Pero, desgraciadamente para nosotros, es un negocio muy rentable para las grandes empresas que proveen servicios sanitarios, lo que les ha convertido en uno de los lobbys más importantes en Estados Unidos y a nivel mundial. [Nota: Los recortes sanitarios bajo el gobierno de CiU en Catalunya han empeorado las condiciones, cerrado servicios y causado muertes]
- Reducción de ayudas a colectivos necesitados. Aunque el gobierno de ZP las ha mantenido a grandes rasgos, Rajoy, en su primer paquete de medidas ha anunciado algo que será tónica: a los creadores de la crisis les importa bastante poco los grupos excluidos en la sociedad. En un primer paso, se han limitado las nuevas ayudas a la dependencia o las ayudas a la emancipación juvenil. Que nadie dude que estos colectivos no serán los últimos.
(VI) Las consecuencias: ¿Por qué llevamos a cabo esas políticas?
1. De la desestabilización económica y financiera a la crispación y represión social.
Escribí este título a este apartado en Febrero, sin llegar a escribirlo. La idea original era alertar de que más políticas neoliberales, a la larga, causarían sufrimiento, inestabilidad, conflicto social y, finalmente, represión, como intento de control por parte del Estado. Aunque el número de jornadas de huelga ha estado este año en el mínimo histórico desde el comienzo de la “democracia”, la inestabilidad social se hizo visible en Mayo con las manifestaciones contra las “retalladas” en Catalunya y con la aparición del 15-M y siguió en Otoño con la marea verde en Madrid. Era lógico, si los gobiernos realizan políticas contra sus ciudadanos, a la larga, va a apercer desafección hacia ellos, desinterés, críticas y amplias movilizaciones. Más allá, como explicaremos más adelante, la situación económica, lejos de mejorar, empeora a cada mes. ¿La causa? Los especuladores financieros son INSACIABLES, porque esa es precisamente su función. Como alerta Juan Torres, los Estados que más han aplicado las medidas del FMI y el BCE no son los más saneados sino precisamente los que más se están hundiendo económicamente. Más allá, a más políticas de ajuste, más inestabilidad social y represión, lo que a su vez también generará efectos económicos. El PP ya ha amenazado con “no permitir” movilizaciones del 15-M en el espacio público, con lo que volveremos a la espiral crispación-movilización-represión-crispación-movilización.
2. La nueva situación: derechos recortados y economía especulativa frente a productiva.
La nueva situación se entiende desde dos puntos de vista. Desde la visión del saqueo y desde la visión de aumentar la rentabilidad. En el primer punto de vista, con un país en riesgo de quiebra, sucede lo mismo que tras un terremoto o una situación de caos ciudadano: “como no sé lo que pasará, mejor me llevo lo que pueda”. Aquí no se rompen escaparates para coger televisores sino que se obtienen ingresos para el pago de la deuda (garantizados tras la reforma constitucional del PPSOE, se obtienen beneficios indecentes, se “roban” a la ciudadanía cajas de ahorro o se obtienen empresas a precio de ganga. Pero, se sigue exactamente la misma lógica. Desde la visión de aumentar la rentabilidad, se pretende que sea más rentable el invertir una economía. Menos salarios, mejores condiciones para despedir, más ayudas a las empresas, más áreas básicas donde puede entrar la iniciativa privada (y que quieras o no tienes que “comprar”, ya que probablemente desees tener educación para tus hijos o sanidad si estás enfermo). Así, la situación final es más rentable que la inicial para los inversores, con la diferencia de que, por el contrario, lo es mucho peor para trabajadores y ciudadanía en general. Sus salarios son más bajos y tienen menos seguridad, hay menos dinero en movimiento para el consumo y la economía productiva tiene menos peso (frente a la especulativa). Es decir, la población sale de la crisis, pero empobrecida, en peores condiciones que las iniciales y saqueada, porque le han expoliado sus recursos públicos. Finalmente, la economía es más inestable porque se basa menos en la producción y el consumo y más en dinámicas especulativas.
(VII) La postpolítica, la crisis de la deuda y las posibles salidas
Zizek o Mouffe (en Errejón, 2011) señalan como “postpolítica”, donde se anestesia el “conflicto mediante una operación que estrecha al máximo el abanico de opciones “razonables” sobre las que la ciudadanía puede pronunciarse, al mismo tiempo que intensifica hasta extremos histriónicos la discusión dentro de ese claustrofóbico marco”. Así, se deslizan “como “naturales” proposiciones fuertemente ideológicas […], predeterminando al máximo las preguntas posibles, se aseguraba de obtener siempre las mismas respuestas”. La mistificación de la técnica en la gestión, el mercado como agente de progreso, la supuesta ineficiencia de lo público y la movilidad social ascendente son algunos de los mitos, para Errejón, de esa anestesia neoliberal o ese difuso “fascismo social en tanto que ‘odio del penúltimo hacia el último’”.
Por supuesto, se repite continuamente el “sentido común” de que “todos somos responsables” de la deuda privada contraída, al igual que el Tea Party calificaba de “losers” y culpabilizaba a aquellos que contraían una hipoteca que luego no podrían pagar. Es cierto que una buena parte de aquellas personas que invertían en bolsa en los buenos tiempos lo hacían con la esperanza de “ganar dinero gracias al sistema capitalista” o que quien compraba una vivienda a un precio escandaloso lo hacía alentado bajo la idea de que “estoy haciendo negocio porque en unos años valdrá unas decenas de miles de euros más”. En cierta medida, tampoco nos ha importado demasiado el endeudamiento a niveles asombrosos de los Ayuntamientos –indistintamente del signo- de ciudades como Madrid, Zaragoza u Oviedo, careciendo de cualquier responsabilización electoral a sus causantes –¡como si no fuéramos a pagar al fin esa deuda!-. Pero también hay que recalcar que no existía herramienta dentro del sistema para controlar el gasto público en los Ayuntamientos (referendos ciudadanos, presupuestos participativos) y que las actuaciones especulativas rondaban la corrupción. Además, la proclama de proponer soluciones individuales ante problemas colectivos (alto precio de las viviendas donde “o lo tomas o lo dejas”), no parece justa o ética y requeriría soluciones colectivas.
El premio Nobel de Economía Amartya Sen alertaba en Junio de cómo se estaba socavando “el gobierno democrático de Europa”. Según él, aunque aceptaramos que los jefes de las finanzas entendieran qué acciones necesitarían emprenderse, lo que habría que hacer es “prestar atención a su opinión, manifestada dentro de un diálogo democrático”, algo muy diferente a permitir que “las instituciones financieras y las agencias de calificación dispongan del poder unilateral de imponerse sobre gobiernos elegidos democráticamente”. Un asunto que es más grave cuando el resultado de los recortes inmediatos “puede significar matar a la gallina que pone el huevo de oro del crecimiento económico”.
Boaventura de Sousa Santos, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, pide que Europa aprenda “de la experiencia del mundo [Latinoamérica]”. Expone varias lecciones. La primera, que “la idea de que las crisis constituyen oportunidades es una verdad ambigua porque las oportunidades van en direcciones opuestas y son aprovechadas por quienes se preparan mejor antes de la crisis”, como se ve en la “doctrina del choque” que ha desarmado a la izquierda e implementado un sentido común neoliberal, ya que la primera “no ha podido aprovechar la crisis para mostrar el fracaso del neoliberalismo (tanto por el estancamiento como por la injusticia) y proponer una alternativa posneoliberal”. Algo similar le ha sucedido al movimiento ecologista. La segunda es que “la liberalización del comercio es una ilusión productiva para los países más desarrollados. Para ser justo, el comercio debe basarse en amplios acuerdos regionales que incluyan políticas industriales conjuntas y la búsqueda de equilibrios comerciales dentro de la región”, cosa que no sucede dentro de la Unión Europea –con un “colonialismo alemán”-. La tercera, que “la democracia puede desaparecer gradualmente y sin necesidad de un golpe de Estado”, suspendiendo constituciones o elecciones democráticas. Así, el “estatuto de los bancos centrales, creado para hacerlos independientes de la política, ha hecho que la política dependa de ellos”. Más allá, una vez conquistada parcialmente la democracia “puede ser destripada por la corrupción, la mediocridad y pusilanimidad de los dirigentes, así como por la tecnocracia en representación del capital financiero”.
Boaventura de Sousa Santos por ello, ante la nueva radicalidad neoliberal, señala que también se abre una nueva transparencia. Tres cosas transparentes que se omiten. Primero, recuerda “no es posible volver a la “normalidad” en el actual marco institucional europeo. En este marco, la Unión Europea camina inevitablemente hacia su descomposición. A Italia le seguirán España y Francia”. Segundo, “las políticas de austeridad, además de ser injustas socialmente, no sólo son ineficaces, sino también contraproducentes. Nadie puede pagar sus deudas produciendo menos, por lo que después de estas medidas vendrán otras aún más severas, hasta que el pueblo (no tengamos miedo de la palabra), golpeado y desesperado, diga basta”. Tercero, “los mercados financieros, dominados como están por la especulación, nunca recompensarán a los portugueses, los griegos o los irlandeses por los sacrificios hechos, pues la insuficiencia de estos sacrificios es lo que alimenta los beneficios de la inversión especulativa”. En ese contexto, “[s]in controlar las dinámicas especulativas, (…) el desastre social se producirá de todos modos, tanto por la vía de la obediencia como de la desobediencia a los mercados”. Pero va más lejos y recuerda que las soluciones han de estar articuladas entre algunos países del euro, como mínimo (siguiendo el ejemplo de América Latina). Sugiere dos soluciones. Un escenario A, que busca ejercer presión junto a otros países para federalizar la democracia Europea (más poder al Parlamento Europeo, elección de la presidencia, control de la Comisión Europea, control democrático del Banco Central Europeo e intervención activa de éste) y llegar a un mutuo acuerdo sobre la deuda, además de una política industrial que evite los desequilibrios comerciales dentro de Europa (más importación europea de Alemania, por ejemplo: “Alemania, que tanto exporta al resto de Europa, ¿no debería importar más del resto de Europa, abandonando el mercantilismo de su incesante búsqueda de excedentes comerciales?”) por medio de una política aduanera y de preferencias comerciales intraeuropeas, buscando acercar los lugares de consumo y de producción. Y es que la “rendición al imperialismo alemán significaría que en Europa sólo tiene derecho a la democracia quien tiene dinero”. Un escenario B, ante el previsible fracaso de las demandas anteriores, que pasa por la salida del euro, sólos o con otros países ya que, con él, “las desigualdades entre países no han dejado aumentar”, y una “auditoría de la deuda”. Para Boa Sousa Santos “[l]os costes sociales de la solución B no son más elevados que los costes del fracaso de la solución A y, al menos, dejan ver una luz al final del túnel”.
Así que sólo queda elegir: O el Plan del FMI o Mirar el ejemplo de Islandia y Latinoamérica.
